Dosier: Para una nueva historia de las bibliotecas en América Latina:
instituciones, representaciones y prácticas

Las bibliotecas universitarias y especializadas en tiempos de cambio tecnológico: análisis de tres programas implementados entre 1984 y 2003 en Argentina

1. Introducción

La relevancia que cobraron las políticas de ciencia y tecnología luego de la Segunda Guerra Mundial trajo aparejada no solo innovaciones institucionales en los organismos responsables del área, sino también una reflexión cada vez más sistemática y profesionalizada sobre el tema a nivel mundial. A su vez, la creciente inversión en este sector se dio de la mano de un aumento vertiginoso en el volumen de información científica existente, que comenzó a desafiar las tecnologías disponibles para su control y recuperación (Bowles, 1999; Gómez-Morales, 2019). Por lo tanto, en la inmediata posguerra, junto con las políticas de ciencia y tecnología también se idearon nuevos mecanismos de almacenamiento, disponibilidad y circulación de la información científica. En esos años se consolidó, además, un modelo de comunicación y evaluación científica basado en el artículo de revista (Kreimer, 2015). El proceso de concentración de la industria editorial producido durante las décadas de 1980 y 1990, y el posterior advenimiento de las tecnologías digitales generaron una crisis en el acceso a la información científica que posibilitó el surgimiento de un modelo alternativo englobado en el acceso abierto a partir del nuevo milenio (Guédon, 2001; Kranich, 2006).

En este trabajo nos enfocaremos en el análisis de tres iniciativas destinadas a fomentar o mejorar la adquisición, organización y difusión de información científica implementadas desde organismos estatales en la Argentina entre 1984 y 2003 que tenían como destinatarias a las bibliotecas universitarias y especializadas principalmente. Estas son: el proyecto para la creación de un Sistema Nacional Cooperativo de Información y Documentación Científico-Tecnológica, impulsado por la Subsecretaría de Informática y Desarrollo de la Secretaría de Ciencia y Técnica (1984-1989); el Programa de Desarrollo de Bibliotecas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (1985-1988); y el Fondo para el Mejoramiento de la Calidad Universitaria creado por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación (1996-2003).

Seleccionamos estas iniciativas debido a que se desarrollaron en un período caracterizado por fuertes cambios tecnológicos, económicos y sociales producidos, entre otras razones, por la expansión de las microcomputadoras en los 80 y la masificación del acceso a internet a mediados de los 90 a nivel global. El abaratamiento de los componentes de las computadoras y de las telecomunicaciones, junto con la simplificación de su uso gracias a interfaces destinadas al público en general, modificó radicalmente la capacidad de crear, almacenar y transmitir información y, por ende, los modelos organizativos de esta y las formas de trabajo en diversos ámbitos (Zukerfeld, 2014, 2015).

Asimismo, en Argentina, la vuelta a la democracia en 1983 inauguró un período de optimismo sobre la aplicación de estas nuevas tecnologías en las bibliotecas especializadas y universitarias, especialmente a partir de iniciativas emanadas de la Subsecretaría de Informática y Desarrollo creada en el seno de la Secretaría de Ciencia y Técnica y de otras propuestas motorizadas en el marco de esfuerzos de normalización de las universidades y la modernización de sus infraestructuras, entre ellas, las bibliotecas. Durante el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín, las universidades fueron un actor central que llevó a cabo acciones tendientes a la mejora de los servicios e infraestructuras de información de ciencia y tecnología, no solo a través de iniciativas vinculadas a la modernización de sus propias bibliotecas, sino también mediante la participación en proyectos y redes interinstitucionales.

A partir del ciclo iniciado en 1989 con la llegada al gobierno de Carlos Saúl Menem, se generaron diversas innovaciones institucionales, muchas de ellas inspiradas o posibilitadas por los organismos de crédito internacionales. En esos años, el Ministerio de Educación, especialmente a través de la Secretaría de Políticas Universitarias, se sumó al elenco de actores clave que hasta ese momento integraban la Secretaría de Ciencia y Técnica, el CONICET y las universidades nucleadas a partir de 1985 en el Consejo Interuniversitario Nacional (Albornoz & Gordon, 2011; Bekerman, 2016; Erreguerena, 2020; Vasen, 2012). Desde esta secretaría se impulsó un programa de financiamiento de proyectos de bibliotecas sin precedentes en el país.

En este trabajo nos preguntamos cómo las propuestas locales de gestión de la información científica incorporaron las tendencias en la disponibilidad de tecnologías y los cambios que se dieron en el mercado de estos recursos a partir de la restauración democrática. Organizamos el trabajo en seis apartados: en el primero describimos la estrategia metodológica, en los tres siguientes caracterizamos los programas analizados, en el quinto apartado ofrecemos una discusión de los resultados hallados a la luz de las dimensiones de interés y concluimos con una reflexión sobre la tendencia general observada en el período.

2. Consideraciones metodológicas

El objetivo general de este artículo es reconstruir históricamente las iniciativas seleccionadas que buscaron influir en los modos de adquisición, organización y difusión de información científica en el ámbito científico y universitario del país. Los objetivos específicos que nos proponemos son situar las iniciativas en el contexto social, económico y político en que se llevaron a cabo, identificar los principales actores involucrados en ellas, examinar las ideas imperantes sobre las necesidades del sector de ciencia y tecnología en materia de información y analizar qué nivel de articulación tenían con las políticas de ciencia y tecnología de más largo alcance.

Para alcanzar dichos objetivos recurrimos a una metodología de tipo cualitativa basada en el análisis documental. Las fuentes documentales analizadas fueron publicaciones oficiales producidas por las instituciones involucradas, principalmente boletines informativos y memorias institucionales, actas e informes de reuniones profesionales y académicas, y fuentes secundarias realizada por las personas con injerencia en la temática. Las fuentes consultadas se hallan disponibles en instituciones públicas como la Biblioteca “Ricardo A. Gietz” del Centro de Información Científica y Tecnológica (CAICYT) del CONICET, la Biblioteca del Sistema de Información y Bibliotecas de la Universidad de Buenos Aires, y la Biblioteca Nacional de Maestros y Maestras, del Ministerio de Educación de Argentina.

3. Sistema Nacional Cooperativo de Información y Documentación Científico-Tecnológica

El gobierno democrático iniciado en 1983 generó entusiasmo en la sociedad argentina y se propuso restaurar las libertades civiles y políticas y asegurar la convivencia democrática a través del enjuiciamiento por la violación de los derechos humanos a los responsables de la última dictadura militar. Sin embargo, se enfrentó a una situación económica crítica en términos de deuda externa, alta inflación, bajos niveles de empleo y salarios, y una disminución de la capacidad industrial (Bellini & Korol, 2020).

Dicho gobierno elevó el rango del organismo de subsecretaría a Secretaría de Ciencia y Técnica (SECYT) que pasó a depender del Ministerio de Educación y Justica; mientras que el CONICET pasó a depender de la SECYT (Aguiar, Davyt & Nupia, 2017). Este cambio tuvo como objetivo devolver a la SECYT la centralidad en la coordinación y el diseño de políticas científicas que había perdido durante los años dictatoriales (1979-1983) en los que el CONICET cumplía dicha función (Svampa & Aguiar, 2019). La SECYT tuvo como ejes de sus políticas: 1) la normalización del funcionamiento de los organismos de ciencia y técnica y de los mecanismos de asignación de recursos, principalmente en el CONICET; 2) el fortalecimiento de la investigación en las universidades a través de programas de apoyo a los docentes investigadores y la mejora de su vínculo con el CONICET; y 3) la vinculación de la investigación con el sector productivo a través de, entre otras medidas, la creación de áreas y actividades de transferencia tecnológica (Bekerman, 2016). En cuanto al último punto, Federico Vasen (2012) destaca como uno de los principales objetivos de las políticas científicas aumentar la autonomía tecnológica del país. Si bien el organismo sufrió de restricciones presupuestarias debido a la debilidad económica del período, según Albornoz y Gordon (2011) mantuvo líneas de acción dirigidas a áreas consideradas prioritarias como la electrónica, la informática y la biotecnología, entre otras, con el fin de generar capacidades locales.

En este escenario se formuló la primera iniciativa analizada en este trabajo: el proyecto para la creación de un Sistema Nacional Cooperativo de Información y Documentación Científico-Tecnológica (SIDCYT), impulsado por la Subsecretaría de Informática y Desarrollo de la SECYT (SID-SECYT) a partir de 1984. Si bien existen antecedentes desde la década de 1970 en la formulación de este tipo de proyecto para la creación de sistemas nacionales de información en general o especializados, en esta oportunidad llegó a establecerse como un programa de la SECYT que reunió a numerosas instituciones de investigación de diferentes áreas temáticas, se mantuvo activo un tiempo relativamente prolongado y tuvo un impacto importante en la definición de un formato para el intercambio de datos bibliográficos de uso extendido en el país.

El SIDCYT tuvo lugar en un contexto tecnológico en el que estaba en auge la aplicación de la computación a los procedimientos de control bibliográfico que se había iniciado en la década de 1960 en Estados Unidos. En la década de 1980, a partir de la expansión del uso de computadoras, comenzó a desarrollarse un mercado de software para las bibliotecas. Asimismo, durante ese período comenzaron a comercializarse las primeras bases de datos bibliográficos de consulta remota gracias al avance de las telecomunicaciones.¹ En Argentina, los primeros catálogos automatizados se implementaron debido a la difusión gratuita por parte de la UNESCO de un software para la gestión de bases de datos bibliográficas, el CDS/ISIS. La primera institución en implementarlo en el año 1978 fue la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) que, además, se convirtió en la distribuidora local. Años más tarde lo utilizaron el Instituto Nacional de Ciencias y Técnicas Hídricas (INCYTH) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). En cuanto a la consulta de bases de datos comerciales de forma remota, el CAICYT de CONICET fue pionero en ofrecer este servicio y aplicar una política de entrenamiento de personal de instituciones científico-tecnológicas (Falcato, 2013).

La SID-SECYT fue creada con el objetivo de favorecer el desarrollo de la computación en el país como también estimular el uso de los avances científicos y tecnológicos por el sector productivo y su difusión entre la población en general. La subsecretaría reflejaba la voluntad del gobierno de estimular esta industria que se estaba desarrollando fuertemente a nivel internacional. Encarnaba también la intención de modernizar los procesos de tratamiento de la información de la administración pública en general pero también de la información científica en particular, mediante la automatización de los catálogos, la implementación de consultas a bases de datos remotas y la interconexión de los servicios a través de internet.

Mónica Allmand y Ethel Zítara (1988) sostienen que no había una política de información a nivel nacional, pero que algunos ítems podían encontrarse en los Lineamientos de política científica y tecnológica publicados en 1984 por la SECYT y en el Informe de la Comisión Nacional de Informática de 1985. Señalan la consideración de la información como recurso estratégico para el Estado y como un derecho de los habitantes, garante de su participación en una comunidad y de la mejora de la calidad de vida (p. 204). Esto tenía vinculación con las grandes preocupaciones que planteaba la SECYT sobre la adecuada transferencia de conocimiento y tecnología al sector productivo y la difusión de la ciencia entre la sociedad.

En cuanto a la gestión de la información científica, en el punto 12 sobre el desarrollo de los servicios científico-tecnológicos de los Lineamientos de política científica y tecnológica, se establecieron como líneas de acción:

12.1. Fomentar el establecimiento y difusión de sistemas de información, en función de los requerimientos y necesidades sectoriales y regionales; 12.2. Desarrollar bases de datos nacionales y redes de información, así como apoyar acuerdos de cooperación latinoamericana respecto a la creación de redes regionales de bases de datos; 12.3. Evaluar y fortalecer los centros de información y documentación existentes en el SCT [sistema científico tecnológico] (p. 35).

En consonancia con esto, en 1984 comenzó a reunirse un grupo de bibliotecarios, documentalistas y profesionales que trabajaban en esas áreas, a iniciativa de Manuel Sadosky, por entonces secretario de Ciencia y Tecnología, para generar un proyecto de sistema cooperativo de información científica y tecnológica. La coordinación estuvo a cargo de la SID-SECYT, al mando de Carlos María Correa, que organizó un Primer Encuentro Nacional para la Efectivización del Sistema Nacional Cooperativo de Información y Documentación Científico-Tecnológica en diciembre de 1984 con sede en el CAICYT. En el Boletín de la SECYT explicaban que la organización del evento había obedecido “a la necesidad de coordinar acciones y esfuerzos, a fin de obtener un mayor aprovechamiento del recurso ICT -información-científico-tecnológica- en beneficio del usuario” (SECYT, 1985). Participaron del encuentro miembros de distintas instituciones privadas y estatales dedicadas a la investigación científica, asociaciones de bibliotecarios y finalmente, representantes de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) (Aráoz, Barreiro, Suter & Zítara, 1992). Se elaboró un documento de base, se dispuso de una estructura de funcionamiento del SIDCYT y se generaron grupos de trabajo en distintas áreas del sistema (Proyecto de creación de un sistema nacional cooperativo de información y documentación científica y tecnológica, 1984).

La estructura del SIDCYT estaba compuesta, en primer lugar, por una coordinación que se ejercía desde la SID y en la que se nombró a la bibliotecaria y técnica en sistemas de administración que hasta ese momento se desempeñaba en el CAICYT, Mónica Allmand; y, en segundo lugar, por una comisión asesora integrada por representantes de instituciones del sistema científico: INCYTH, CNEA, INTI, Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, Servicio de Procesamiento de Datos de SECYT-CONICET, Departamento de Estadística - SECYT, Red de Bibliotecas de Ciencias Sociales (REDICSA), Consejo Federal de Inversiones, Universidad Nacional de Rosario, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Secretaría de Planificación y Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (Allmand & Zítara, 1988).

Los equipos de trabajo que conformaron los asistentes se agruparon en torno a las siguientes áreas: generación de información en el país; proceso de la información primaria producida en el país; obtención de información extranjera; localización de la información; acceso a la información; telecomunicaciones; bases de datos; normalización de la información; formación y perfeccionamiento en información; estudios de usuarios; relaciones en el campo internacional; y estructura.

Los grupos de trabajo más activos, específicamente el de Bases de Datos y su subgrupo sobre Formato, generaron una serie de publicaciones editadas por la SID entre las que se cuentan dos ediciones de un Directorio de bases de datos en ciencia y tecnología (1986, 1988) y dos manuales sobre el Formato Común para el Ingreso de Información en Bases de Datos Bibliográficas (1987, 1988).

El grupo sobre Bases de datos coordinado por Paulina Frenkel, por entonces al frente del Servicio de Procesamiento de datos de SECYT-CONICET, elaboró un relevamiento con el que proponían “identificar las bases de datos, determinar su alcance y características y conocer los servicios que brindaban” (Frenkel, 1988, p. 365).² El primer relevamiento obtuvo como resultado la identificación de 61 bases de datos en 3 estados de desarrollo (funcionamiento, en desarrollo y en proyecto) y fue publicado en forma de Directorio en 1986. Al año siguiente se realizó un segundo relevamiento en el que se constató el crecimiento del número de bases de datos operativas o en desarrollo en el país y se publicó una segunda edición del Directorio en 1988. Entre los resultados de este relevamiento, el grupo encontró que la gran mayoría de estas bases de datos emergían de organismos estatales y no tenían fines de comercialización, sino que se realizaban para satisfacer necesidades de gestión de la organización. Además, indagaron en los tipos de software utilizados y en la capacidad de transmitir los datos a través de la red nacional de conmutación de paquetes (ARPAC)³ disponible en ese momento. En cuanto a este último aspecto, hallaron que solo 11 podían hacerlo (Frenkel, 1988). En la presentación de este trabajo en el II Congreso Iberoamericano de Informática y Documentación celebrado en Mar del Plata en 1988, Paulina Frenkel destacaba la importancia del Estado en la “orientación y el fomento de este sector de desarrollo” (p. 365) debido a la importancia estratégica de las bases de datos, la complejidad de su realización y el acceso a la información contenida en ellas como un derecho que el Estado debía garantizar.

El subgrupo Formato del grupo Bases de datos del SIDCYT estaba compuesto por Mónica Allmand y Tito Suter de la CNEA como coordinadores e integrado por diferentes profesionales del INTI, de la CNEA, de ENTEL, del Ministerio de Educación y del INCYTH. Comenzaron a reunirse en 1985 con el fin de elaborar un formato para el ingreso de información bibliográfica en bases de datos operadas en microcomputadoras que facilite el intercambio de datos y a hacer pruebas en la CNEA (SIDCYT, 1988).⁴ En noviembre de 1987 se realizó el Primer Encuentro Nacional “Formato Común para el Ingreso de Información en Bases de Datos Bibliográficas” en el marco del SIDCYT (Suter, Cassanello, Chávez Flores, Gutiérrez, Rollán & Vogt, 1988). Participaron 67 personas, un tercio provenientes del interior del país y se decidió utilizar el formato elaborado por el subgrupo como norma nacional (SIDCYT, 1988). Este formato se popularizó con el nombre de Formato Común Argentino de Documentos (FOCAD por su sigla), estaba basado en las especificaciones establecidas en el Reference Manual del UNISIST de la UNESCO,⁵ y tuvo derivaciones en el país como el formato específico para bibliotecas universitarias denominado BIBUN (Martínez & Ramón, 1999).

La influencia de la UNESCO en la Argentina, muy fuerte entre los años 60 y 70, aún se observa en este período en dos elementos vinculados: por un lado, el uso expandido del software de gestión de bases de datos denominado CDS/ISIS que era distribuido en el país por la CNEA (Nardi, 1995)⁶ y utilizado para generar catálogos automatizados y, por otro, en la adopción de un formato basado en sus especificaciones, mientras que a nivel internacional predominaba el formato MARC elaborado por la Library of Congress de Estados Unidos a fines de los `60 (McCallum, 2002). Esto hizo que la incorporación de este último formato, que es el que actualmente continúa siendo usado en las bibliotecas alrededor del globo, fuera bastante tardía en Argentina.⁷

La comisión asesora que se había formado al interior de la SID, finalmente, presentó a las autoridades de la SECYT el proyecto de un Programa Nacional de Información y Documentación en 1989 (Aráoz et al., 1992). En su diagnóstico del estado del sistema de información nacional destacaban los servicios provistos por las redes interinstitucionales que se habían multiplicado en esos años, los provistos por los organismos de ciencia y técnica, el Programa de Bibliotecas de CONICET, los servicios de alcance general como los del CAICYT-CONICET, los diversos catálogos colectivos ofrecidos desde el ámbito de las universidades desde la Red Nacional de Bibliotecas Universitarias (RENBU) y desde las grandes bibliotecas nacionales. Finalmente, en 1989, ya bajo el gobierno de Menem, el secretario de Ciencia y Tecnología, Raúl Matera, creó el Programa Nacional de Información y Comunicación Científica (PNICCYT).

El establecimiento de este programa se inscribe en la serie de proyectos con voluntad de crear un sistema nacional de información que mencionáramos con anterioridad y que hunden sus raíces en las iniciativas de la UNESCO en los años `70. Durante la década de 1980, hubo varios eventos en Argentina que tematizaron la creación del sistema a nivel nacional o sistemas específicos para la circulación de la información científica (Tabla 1).

Entre los asistentes a estas reuniones podemos establecer algunas regularidades y observar que los organismos internacionales, que habían tenido mucha ascendencia en las décadas del `60 y `70 a través del envío de expertos, parecería quedar en un segundo plano frente a la emergencia de nuevos actores locales con una agenda similar a la planteada, pero con una retórica sobre la coordinación y cooperación de los servicios existentes en el país en consonancia con la nueva noción de red entendida como vínculos descentralizados antes que como sistema de nodos en el que la coordinación está ejercida por un nodo central.

4. Programa de Desarrollo de Bibliotecas del CONICET

El año 1986 representa un fin de ciclo en el CAICYT debido a la renuncia de Ricardo Gietz, quien fue su director desde 1972, pero tuvo un rol fundamental en la institución desde su creación en 1958. Al renunciar, Gietz presentó un informe sobre la situación del centro al vicepresidente de CONICET, Gregorio Weinberg. En este informe efectuaba una recapitulación de los distintos servicios, productos y actividades realizados. Sin embargo, señalaba el estado crítico en que se encontraban las distintas áreas y actividades debido principalmente a la falta de personal. Asimismo, explicaba que la situación se agudizaba por el constante recambio de trabajadores a causa de los bajos salarios. Señalaba que “de subsistir las presentes circunstancias es muy probable que el éxodo de personal continúe lo cual obligará a ir interrumpiendo los servicios hasta la paralización del CAICYT” (Gietz, 1986, p. 11).

En 1987 se designó como director interino a Juan Carlos Cobre, quien se desempeñaba como responsable de administración. Tatiana Carsen (2016) sostiene que durante ese período se produjo una virtual intervención del centro por parte de Galo Luvecce, quien era director de los Sistemas de Bibliotecas e Información (SISBI) de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Córdoba,⁸ y el coordinador de la Red Nacional de Bibliotecas Universitarias (RENBU),⁹ hasta que finalmente nombraron director interino a Suter en 1989. De acuerdo con esta autora, esta intervención se produjo en el marco del Programa de Desarrollo de las Bibliotecas del CONICET que constituye la segunda iniciativa analizada.

Este programa fue llevado adelante por CONICET a partir de 1985 con el apoyo técnico del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la participación de la RENBU creada ese mismo año. Se proponía optimizar la compra de revistas científicas en el país en dos aspectos: coordinar su selección y distribución para mejorar la disponibilidad de las colecciones según criterios geográficos y temáticos, y la disminución de los costos de compra, de giro de divisas y de envío en un contexto de restricción presupuestaria y dificultades financieras (CONICET, 1989). Se dio en el marco de una situación de deterioro general de la infraestructura y las condiciones de trabajo del sistema científico en la que la estrategia de la SECYT y la dirección del CONICET fue “racionalizar, redistribuir y coordinar los recursos existentes” (CONICET, 1989, p. 3) y recurrir a fuentes de financiamiento externas al presupuesto del CONICET. En el documento Aportes para una memoria se describe el estado de las bibliotecas como “empobrecidas y desactualizadas” (CONICET, 1989, p. 3) y se relata que se contó con la colaboración del PNUD para realizar la adquisición centralizada y realizar el pago de revistas científicas, pero que los fondos provenían del CONICET. Esta colaboración permitía abonar las suscripciones en australes mientras que la coordinación de las compras de forma centralizada significaba una racionalización al tener como objetivo evitar duplicaciones y completar colecciones de revistas. Las revistas adquiridas a través de este programa eran patrimonio del CONICET, pero se asignaban a una biblioteca del país según la pertinencia temática y la posibilidad de brindar servicios en la región.

La lista de publicaciones relevantes para los distintos campos se generó a través de consultas a las Comisiones Asesoras de CONICET, el CAICYT y alrededor de 100 bibliotecas universitarias y de centros de investigación. Posteriormente, se asignaron estas publicaciones a centros de investigación específicos. El Programa incluyó una evaluación de la estructura y el funcionamiento del CAICYT con el fin de mejorar sus servicios.

La centralización también permitía actualizar el Catálogo Colectivo Nacional de Revistas (CCNAR), proyecto coordinado por la RENBU y apoyado económicamente por la Fundación Antorchas, ya que antes de remitirla a las bibliotecas donde estarían depositadas, se catalogaban en computadora. RENBU era la institución que tenía a cargo la gestión de los envíos y la catalogación. Hacía los reclamos, notificaba cambios o cese de títulos y podía decidir cambiar la biblioteca destinataria de una publicación.

El CCNAR venía a continuar o reemplazar al Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas (CCPP) publicado por el CAICYT. Gietz colocaba este proyecto de automatización en continuidad con el comenzado en el CAICYT a partir de la cooperación con el Centro Internacional del ISDS de París y, en Argentina, con el centro de cómputos del INTI, que resultó en la publicación de un segundo suplemento al catálogo en 1981 en versión impresa, pero cuyo proceso de elaboración fue a través de una computadora IBM 1050 (Gietz, 1986). Sostenía que RENBU tenía interés en incorporar sus colecciones en este catálogo. La posición de Galo Luvecce, en cambio, consistía en que el nuevo proyecto era una superación del CCPP, ya que consideraba que la herramienta elaborada por el CAICYT estaba desactualizada y adolecía de falta de automatización (Luvecce, 1987).

Señalaba que el CCNAR debía establecerse como un programa autónomo y contar con la colaboración de universidades y organismos del país. Los resultados esperados eran la elaboración de un catálogo que se pudiera consultar en computadora y que permitiese la impresión de microfichas para enviar a todos los participantes, la capacitación de bibliotecarios en la elaboración de bases de datos, la normalización de los procedimientos automatizados a nivel nacional a través del uso de un software común, el CDS/ISIS de UNESCO para microcomputadoras, y la elaboración por parte de RENBU de otros proyectos vinculados como una oficina nacional de adquisición de revistas, un centro nacional de recepción de revistas y un centro de canje nacional (RENBU Informativo, 1986).

La RENBU se presentaba como un actor institucional con pretensiones de centralidad en materia de información científica. En uno de los 3 números publicados de su Boletín Informativo, se señalaba que, a través de la participación en el Programa de Desarrollo de Bibliotecas junto con el CONICET, además de estimular la cooperación entre bibliotecas, buscaba generar un antecedente para la consolidación de un programa de suscripción cooperativa a nivel nacional coordinado por RENBU y el consejo.

Si bien su duración es acotada, el programa efectivamente es un antecedente clave en la compra centralizada de revistas científicas en el país y responde a modelos de adquisición consorciada de información científica que las bibliotecas tanto de países centrales como periféricos debieron implementar en respuesta a las nuevas estrategias comerciales llevadas adelante por la industria editorial habilitadas por los cambios tecnológicos y la fuerte concentración empresarial (Frazier, 2005; Guédon, 2001). Este proceso se había iniciado con el surgimiento de los índices de citas del Institute for Scientific Information de Eugene Garfield en los años `60, a través de los que se buscaba identificar las revistas más influyentes en las distintas disciplinas. Estas revistas fueron consideradas como las más importantes para comprar por las bibliotecas universitarias, lo que convirtió su edición en un negocio lucrativo. En los años `80 se produjo una “crisis de precios” de las revistas científicas debido a la formación de oligopolios comerciales que editaban la mayoría de las consideradas pertenecientes a núcleos disciplinares y los precios se desacoplaron de los costos de producción. Posteriormente, con la llegada de las revistas electrónicas, esta situación se agravó porque las grandes editoriales o agregadores impusieron un modelo de comercialización en forma de suscripción por paquetes cerrados sin posibilidad de seleccionar el contenido. Ante los aumentos de precios, las bibliotecas comenzaron a realizar compras de forma cooperativa. En Argentina, este modelo se implementará recién en 2002 con la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología.

5. Fondo para el Mejoramiento de la Calidad Universitaria (FOMEC)

El gobierno de Alfonsín se vio obligado a adelantar las elecciones en medio de una grave crisis económica debido, entre otras razones, a la hiperinflación. En 1989, fue elegido Menem en los comicios y se inauguró un gobierno peronista con una fuerte impronta neoliberal que tuvo una duración de dos mandatos hasta 1999. Los analistas de políticas científicas y tecnológicas dividen este gobierno en una primera etapa caracterizada como “reacción tradicionalista” o “contrarreforma” y una segunda señalada como de “modernización conservadora” o “modernización burocrática” (Albornoz & Gordon, 2011; Bekerman, 2016) . Durante la primera etapa, la SECYT pasó a depender directamente de Presidencia y se reemplazó la palabra Técnica por Tecnología en su nombre. Además, volvieron a integrar el organismo funcionarios que habían sido desvinculados con la vuelta a la democracia y se dieron de baja algunas medidas que había tomado el gobierno de Alfonsín. Vasen (2012) señala que la creación en 1993 de la Secretaría de Políticas Universitarias en el Ministerio de Cultura y Educación añadió un nuevo actor a la mesa de decisiones vinculadas a las políticas científicas y tecnológicas integrado por la SECYT, el CONICET y las universidades. Mario Albornoz y Ariel Gordon (2011) sitúan en 1993 el comienzo de la segunda etapa que caracterizan por un “programa de reformas también híbridas, que combinaban una recuperación de la capacidad de intervención política por parte del gobierno, con un recetario inspirado en la agenda de los organismos internacionales de crédito (BID y Banco Mundial) que otorgaron el financiamiento necesario para llevarla a la práctica” (p. 16). Las mayores novedades institucionales del programa de reformas, además de la creación de la SPU, fueron la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).

En esta segunda etapa del gobierno menemista se inscribe la última iniciativa analizada que es el Fondo para el Mejoramiento de la Calidad Universitaria (FOMEC) creado por la SPU al mando de Juan Carlos Del Bello. Esta última había encargado un diagnóstico de la situación de las bibliotecas universitarias en el país (Herrera, 1995).¹⁰ A partir de esta evaluación, se plantearon acciones con el fin de favorecer su modernización en el marco de intervenciones más amplias: la inclusión de proyectos de bibliotecas en el FOMEC, el desarrollo de un módulo específico para la implementación de un formato común que permita la conformación de un catálogo colectivo a nivel nacional en el Sistema de Información Universitaria (SIU) que se proponía mejorar la gestión de la información en las unidades académicas y la Red de Interconexión Universitaria (RIU) que tenía como finalidad conectar a las universidades a través de internet (Lauría, 1999). Asimismo, uno de los 8 ítems que incorporó la CONEAU en la evaluación de las propuestas de posgrado corresponde a los “servicios de bibliotecas, de información e informáticos” (Texidor, 2011).

El FOMEC funcionó entre 1996 y 2003 como parte del Programa de Reforma de la Educación Superior que incluía además una serie de componentes destinados a mejorar la gestión y la planificación del sistema universitario mencionados: la CONEAU, la RIU y el SIU (Oszlak, 2003; “Qué es la Unidad Ejecutora del PRES y cuál es su vínculo con el FOMEC,” 1996). Los fondos del FOMEC provenían del presupuesto destinado a las universidades del tesoro nacional y de un préstamo del Banco Mundial (Secretaría de Políticas Universitarias, 1998). Se proponía mejorar la calidad educativa de grado y posgrado de las universidades en términos de gestión y de currículo, estimular la formación y actualización docente y mejorar la infraestructura y el equipamiento. En línea con este último ítem uno de sus objetivos específicos era apoyar el desarrollo de bibliotecas centrales o de facultades (Oszlak, 2003). Se otorgaba financiamiento para tres tipos de proyectos: disciplinarios, institucionales y de biblioteca. No estaba destinado a financiar proyectos de investigación sino acciones que mejoren la calidad de la enseñanza, ya sea equipamiento o formación docente. Permitía la compra de bibliografía y equipamiento informático (bienes), la provisión de asistencia técnica y la formación de recursos humanos. El primer rubro fue el más solicitado por los proyectos presentados para el financiamiento de bibliotecas, sin embargo, entre los impactos percibidos por este programa se observaron también la conformación de redes de bibliotecas, la mejora en los modelos de gestión y la realización y/o planificación de actividades de posgrado en gestión de información (Oszlak, 2003).

El FOMEC contó con una alta participación de las universidades en la categoría bibliotecas. De acuerdo con Daniel Lauría (1999), de las 36 universidades existentes en ese momento, 33 obtuvieron financiamiento para sus proyectos de bibliotecas. De 86 proyectos presentados, se aprobaron 50 para mejoramiento de bibliotecas. Asimismo, hubo 234 proyectos vinculados a carreras que obtuvieron financiamiento para la compra de bibliografía. Muchos proyectos solicitaron la mejora o la instalación de redes internas de comunicación de las universidades por lo que esto pudo haber impactado positivamente en la capacidad de cobertura geográfica de los servicios de las bibliotecas.

En las convocatorias se observó que el elemento más solicitado en el ítem de equipamiento fueron los equipos informáticos, debido a la obsolescencia o carencia de equipos en las bibliotecas. En cuanto a consultorías, se solicitaron 403 destinadas principalmente a la realización de cursos y talleres para la capacitación de personal. Además, se solicitaron 32 becas para formación de posgrado, un número muy bajo en comparación con las solicitadas por las demás áreas del fondo. Lauría (1999) remarcaba este guarismo como un indicador de la falta de profesionales en condiciones de acceder a un posgrado y como un problema a futuro ya que sostenía que sin recursos humanos formados las mejoras realizadas no se mantendrían. Señalaba, además, que este número no respondía a las necesidades del país. Finalmente, se realizaron 328 pasantías consideradas como períodos cortos de formación del personal en otras instituciones a nivel nacional e internacional.

Lauría relataba que la Comisión de Pares Evaluadores para el área de biblioteca, además de cumplir su función de evaluación, brindó asesoramiento para el diseño y modificación de las sucesivas convocatorias. Asimismo, subrayaba que esta especie de colaboración podía entenderse como la contribución de estos especialistas “a la formulación de políticas públicas específicas en el área de financiamiento de bibliotecas” (1999, p. 19).

La carrera de posgrado surgida en el marco del FOMEC a través del proyecto no. 791 se trató de una iniciativa conjunta entre la Universidad Nacional de La Pampa, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Se le otorgó reconocimiento y validez nacional de forma provisoria en 1999 hasta que el posgrado fuera aprobado por la CONEAU bajo la denominación de Maestría Interuniversitaria Patagónica en Gestión de la Información. La maestría fue dirigida por el historiador pampeano Miguel Guérin y contó con algunos egresados. El plan de estudios proponía en su mayoría asignaturas con contenido informático como programación, recursos de información en línea, recuperación de información, uso de microcomputadoras, procesamiento de imágenes, y también tenía una fuerte impronta de gestión (Argentina. Ministerio de Cultura y Educación, 1999).

Otras experiencias de las que se hallaron registros son: la informatización y creación de la bibliografía digital de tesis de la biblioteca de la Facultad de Ciencia Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (Gómez, 2003), la creación del sistema de bibliotecas de la Universidad Nacional de La Pampa (Nardi, 1998) y la automatización de catálogos, la mejora de la infraestructura tecnológica y la formación de recursos humanos en las bibliotecas de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo (Miguel, 2003) y de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata (Fushimi, 1999).

6. Transformaciones en las políticas para la información científica: cambio tecnológico y nuevos actores

Entre los principales resultados encontramos que durante este período nuevos actores individuales e institucionales cobraron centralidad en la definición de políticas públicas destinadas a la gestión de la información científica. Esta multiplicidad de actores involucrados contrasta con lo observado en el período que se extiende entre la creación del CONICET, en 1958, hasta 1984. Durante esos años, CONICET fue la institución con mayor gravitación en la generación de lineamientos para las tareas de adquisición, organización y difusión de la información científica, a través de su dependencia especializada, el Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica (CAICYT) (Carsen, 2016; Carsen, García & Solari, 2008; Solari, 2013). Los distintos organismos de ciencia y tecnología creados durante ese período¹¹ no desarrollaron programas capaces de disputar las funciones de coordinación de los servicios de información científica al CAICYT, ni generaron políticas propias que hayan sido ejecutadas en esta materia. Recién a partir del gobierno democrático iniciado en 1983 es que la SECYT incluyó en su planificación del área algunos puntos vinculados a la mejora de la circulación de la información científica en el país.

En esta secretaría se vivía un clima de restauración ya que se habían reincorporado en la gestión numerosos investigadores expulsados del sistema de ciencia y tecnología luego de 1966, muchos de ellos identificados con el Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad. En este período, la SECYT colocó el foco en áreas prioritarias vinculadas a la autonomía tecnológica como la informática, entre otras, y en el fortalecimiento de la vinculación con las universidades (Oteiza, 1992). En este sentido, el proyecto para elaborar el SIDCYT estuvo dirigido a la cooperación de los distintos organismos de ciencia y tecnología y la interconexión de los sistemas y servicios ya existentes, muchos de ellos surgidos a través de la participación de estos en iniciativas internacionales de intercambio de información, pero con una impronta más nacional o regional, antes que internacional. Los países que se establecieron como modelos fueron Chile, Colombia y Brasil y se esperaba poder integrarse en una “Red Latinoamericana de Información y Documentación Científico-tecnológica” (Proyecto de Creación de un Sistema Nacional Cooperativo de Información y Documentación Científica y Tecnológica, 1984, p. 3). En el caso de Brasil, además, en el marco del Programa de Desarrollo de Bibliotecas del CONICET y el PNUD, hubo un pedido de colaboración al Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia para la puesta en marcha del Catálogo Colectivo Nacional de Revistas (CCNAR) ya que tenía un desarrollo similar (RENBU Informativo, 1986).

Asimismo, durante el gobierno de Alfonsín, la renovada participación de las universidades en la escena pública (Erreguerena, 2020) otorgó una plataforma desde la que actores surgidos en ellas contaron con una legitimidad que les permitió la organización e intervención en la definición de políticas. Este es el caso de RENBU y su figura principal, Galo Luvecce, quien había retornado al país con la vuelta de la democracia y hacía un diagnóstico del estado de las bibliotecas del país en línea con la descripción del estado de los organismos de ciencia y tecnología que realizaba la SECYT (Luvecce, 1987; Argentina. Ministerio de Educación y Justicia & Secretaría de Ciencia y Tecnología, 1984). Como advertimos en el trabajo, la RENBU se proyectaba como un actor con propuestas de articulación en la gestión de la información científica nacional, un rol que el CAICYT parecía haber relegado a partir de la salida de Ricardo Gietz del organismo. Esto también lo analiza Verónica Lencinas (2023) en su análisis sobre la automatización de las bibliotecas de la Universidad de Córdoba entre 1985 y 1996.

Este aumento de los actores intervinientes en este período está en línea con lo observado en las políticas científicas y tecnológicas por Vasen (2012) y Fabiana Bekerman (2016), pero no necesariamente implicaba que los nuevos organismos, especialmente la SECYT y la Secretaría de Políticas Universitarias delinearan políticas para la gestión, organización y difusión de la información científica. Una de las líneas a indagar a futuro es cuáles fueron las condiciones o los intereses que posibilitaron que se formulen los programas analizados.

Durante el gobierno menemista, se buscó tener una mayor injerencia en la política universitaria a través de la creación de la Secretaría de Políticas Universitarias lo que generó mucha tensión al interior de las universidades, ya que algunos grupos veían las iniciativas emanadas de dicho organismo como una amenaza a su autonomía y las consideraban parte de las políticas neoliberales del gobierno (Atairo, 2011; Jacovkis, 2013). A pesar de esto, la participación en el FOMEC fue alta y considerada como beneficiosa. En el caso de las bibliotecas universitarias, consideramos que la mayor innovación del FOMEC fue establecer una lógica de planificación y elaboración de proyectos que, además de obtener fondos, permitió elaborar diagnósticos sobre el estado de las bibliotecas y los centros de investigación y proveyó de estadísticas y formas de autoevaluación a las autoridades de dichas instituciones, como se desprende de la experiencia relatada por Fushimi (2006).

Las herramientas disponibles en las bibliotecas hasta el FOMEC no habían variado desde el retorno democrático a pesar del optimismo que había provocado entre los bibliotecarios: contaban con un puñado de voluntades personales, con recursos institucionales magros, con recursos humanos mal pagos y con poca formación, y con un software gratuito de la Unesco. Lo que sí había cambiado drásticamente en esos años había sido la tecnología disponible o asequible por el sistema científico nacional. En 1985, Galo Luvecce aún solicitaba la ampliación de la red télex y la disponibilidad de fotocopiadoras en los distintos centros de información con el fin de agilizar el intercambio de documentos. Diez años después, las computadoras eran uno de los elementos más solicitados por los proyectos de bibliotecas en el programa FOMEC y esto cambió completamente el eje de lo que se consideraba modernización de los servicios. Se observa cierta conjunción entre las políticas públicas, la disponibilidad de tecnologías de la información y la incorporación de internet de forma paulatina.

El Programa de Desarrollo de las Bibliotecas del CONICET, por su parte, no se extendió más de tres años, por lo que no representó una mejora sustancial en la dotación de revistas en las bibliotecas de universidades y organismos. Su resultado más relevante es la generación del CCNAR, que el SISBI de la Universidad de Buenos Aires mantendría operativo por algunos años más. Junto con el SIDCYT, los resultados se orientaron a la difusión de un software para la elaboración de bases de datos documentales en un formato común que estimule el intercambio de información a nivel nacional. Especialmente, las derivaciones para microcomputadoras del software de la UNESCO y el formato diseñado en el marco del SIDCYT.

El único programa que permitió alguna novedad en el país en términos de información científica fue el FOMEC, porque representaba la obtención de fondos con los que las bibliotecas universitarias no solían contar y porque estaba orientado a proyectos de informatización principalmente. A pesar de esto, Lauría (1999) relata que algunos integrantes de la comisión evaluadora de bibliotecas del FOMEC no estaban satisfechos con que se limitase la compra de bibliografía en los proyectos de bibliotecas. Consideramos que este énfasis en la creación de infraestructura tecnológica estaba en sintonía con un clima de época en el que las nuevas tecnologías e internet auguraban un mayor acceso a información proveniente de cualquier lugar del globo. Asimismo, las becas, las pasantías y la posibilidad de traer expertos a voluntad de las bibliotecas representaron una salida de la zona de influencia de los expertos de la UNESCO por parte de las bibliotecas universitarias. Se delinea también un nuevo perfil profesional denominado “gestor de la información” vinculado con el desarrollo tecnológico y la preocupación por la administración de los recursos (Allendez Sullivan, 2004). Otra de las líneas de futuras investigaciones es qué nuevos vínculos se establecieron a partir de la importante cantidad de consultorías y pasantías realizadas y cómo impactó en la conformación de futuras políticas para la organización y difusión de la información científica.

A modo de cierre

A lo largo de este trabajo observamos que en este período cobró especial importancia la generación de infraestructuras basadas en las tecnologías de la información y comunicación en la planificación de los sistemas y servicios para la organización, almacenamiento y difusión de la información científica. Esta preeminencia relegó a un segundo plano otros aspectos que estuvieron presentes en el período anterior (1958-1983) como la importancia asignada a la participación en iniciativas internacionales de recopilación e intercambio de información y las discusiones en torno a la superación de barreras sociales, económicas y/o políticas en el acceso a la información científica.

Además, notamos una preocupación por sentar las bases materiales para garantizar el flujo de la comunicación de la información científica en consonancia con el clima de época, más que por los aspectos organizativos, institucionales e ideológicos implicados en el intercambio de información científica. Asimismo, en asociación con estos cambios, se conformó un nuevo perfil profesional al que se le demandaron competencias en el manejo de las nuevas tecnologías y en la gestión.

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Notas

Recepción: 30 Agosto 2023

Aprobación: 02 Diciembre 2023

Publicación: 01 Abril 2024

Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional